El Pacto para la Vivienda es una propuesta de acuerdo entre diversas organizaciones políticas e instituciones públicas y privadas que coinciden en la necesidad urgente de dar una respuesta real, eficiente y consensuada al problema de la vivienda en nuestra ciudad y en el conjunto del país.
La Crida a un pacto para la vivienda nace con la intención de abordar el tema de la vivienda creando una plataforma lo más amplia posible. Es fundamental tener unas leyes que regulen el mercado de la vivienda y hacen falta alianzas sociales potentes que se traduzcan en propuestas y en capacidad de movilización.
El documento de la plataforma está hecho aplicando una visión global de la problemática y, en un proceso largo, lo han debatido colectivamente todas las entidades que lo firman: FAVB, Raíces Fundación, Ecom, Sindicato de inquilinas, Fundación APIP-ACAM, CCOO, Mesa de entidades del Tercer sector, Entrepueblos, Observatorio DESC, PAH y UGT.
La vivienda: un derecho básico y universal
La Crida tiene su antecedente en el Pacto Nacional para la Vivienda 2007-2016, que se firmó en octubre de 2007 y se tradujo en la aprobación de la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda. Esta ley suponía un paso adelante pero la falta de voluntad política impidió concretar sus propuestas y hacerlas efectivas.
Con este panorama, lo que nos impulsó a sacar adelante la Crida a un nuevo pacto por la vivienda es la necesidad y urgencia de hacer patente que la vivienda es un derecho de carácter básico y universal. Hasta ahora, la provisión de viviendas ha estado en manos del mercado privado y las instituciones públicas han actuado con carácter muy residual. Lo que nosotros reclamamos es que la vivienda deje de ser considerada una mercancía y -tal como se hace con la educación y la sanidad- se destine una fuerte inversión y haya una intervención decidida de las instituciones públicas.
Especulación fuera de control
En Barcelona, la especulación ha adquirido una dimensión global que está fuera de control. Hablamos de un fenómeno que conlleva procesos de expulsión vecinal de los barrios, convirtiéndolos en territorios temáticos al servicio de los intereses de sectores inmobiliarios y financieros especulativos.
Los precios de la vivienda, especialmente los de los alquileres, se han disparado en los últimos años. Hasta el punto de que, en Barcelona, el alquiler medio ya representa el 100% del salario mínimo. Además, las iniciativas gubernamentales y autonómicas en materia de alquileres han incidido poco o nada en el mercado de la vivienda y es urgente cambiar el marco legislativo empezando por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y desarrollando la Ley por el Derecho a la Vivienda 18/2007, en todos sus aspectos.
Compromiso contra la gentrificación
La crisis de la vivienda se ha convertido en un conjunto de conflictos complejos que requieren soluciones complejas. Para abordar la crisis de la vivienda hacen falta políticas integrales, y avanzar en la modificación de los múltiples factores, entre ellos, la regulación de los precios es uno más.
Pensamos que las administraciones deben adoptar un compromiso ante la gentrificación que afecta fundamentalmente a los barrios centrales de la ciudad, tanto por la pérdida de vivienda y cambios de usos en términos cuantitativos, como por la permanente expulsión de la clase trabajadora y las clases medias empobrecidas.
Por otro lado, es necesario destinar una financiación especial para la producción de un parque de vivienda protegida. El parque de vivienda de protección oficial en Barcelona es tan solo del 1,5 % del total del parque, muy por debajo de la media europea. El Estado debería destinar un mínimo del 2% del PIB a políticas de emergencia de vivienda protegida, asequible y de alquiler, como sucede en la mayoría de los países más avanzados. Es urgente la constitución de un parque de vivienda de alquiler protegido del 15%, es decir, llegar a las 90.000 viviendas protegidas de gestión pública y/o de cooperación privada.
La importancia del Pacto
Reclamamos un pacto por la vivienda que dé una respuesta real, eficiente y consensuada al problema. Un pacto con un alcance mínimo de 10 años, que asuman los partidos, las entidades sociales, los sindicatos y también el sector privado, así como todas las instituciones, empezando por el gobierno del Estado -que debe dedicar recursos importantes-, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona. Emplazamos a las instituciones a hacer su trabajo mientras los colectivos y las entidades hacemos la nuestra, que será reclamar insistente e incansablemente el derecho a una vivienda digna para todos.