El objetivo principal de la alianza contra la pobreza energética (APE) -impulsada por Ingeniería sin fronteras, la PAH y la FAVB- es buscar soluciones a los cortes de suministros y señalar, como responsables, a las empresas y a las administraciones que no tomaban medidas ante esta situación.
En el año 2014, ante la creciente dificultad de muchas familias para poder pagar las facturas de los suministros domésticos -y los cortes en el servicio derivados de esta situación-, decidimos formar la Alianza contra la pobreza energética.
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Consideramos que el acceso a estos suministros es un derecho y un elemento imprescindible para poder tener una vida digna y, por tanto, deben estar garantizados a toda la población. Pero nuestro objetivo va más allá porque lo que queremos es la remunicipalización de los servicios básicos y ponerlos bajo control democrático. Creemos que debemos decidir entre todas qué tipo de modelo queremos e implicarnos en él.
La Ley 24/15
Una de las primeras acciones que nos propusimos como APE fue impulsar, junto con la PAH y el Observatorio Desc, la presentación de una Iniciativa legislativa popular (ILP) que se tradujo en la Ley 24/15 contra la emergencia habitacional y la pobreza energética del Parlamento de Cataluña. La ley, que fue aprobada por unanimidad, protege a las familias vulnerables contra los cortes y es una de las más garantistas en el ámbito europeo porque presupone que los impagos se producen por incapacidad económica y no por falta de voluntad de las familias. Esto implica que las compañías, antes de hacer efectivo cualquier corte, debe consultar a los servicios sociales municipales si la persona o la familia está en situación de vulnerabilidad. Además, el silencio administrativo debe interpretarse como una respuesta positiva.
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Una vez aprobada la ley sobre el papel, hubo problemas en su aplicación porque las suministradoras todavía hacían cortes. Desde la APE, seguimos denunciando estos incumplimientos ante las empresas y las administraciones hasta que, en el año 2017, se produce un punto de inflexión a raíz de la muerte de una señora en la ciudad de Reus. Un incendio, originado por un desplome, provocó la muerte de la Rosa, una mujer de 81 años bajo seguimiento de Servicios sociales, a quien Gas Natural había cortado ilegalmente los suministros. El impacto mediático del caso y la reacción social ante los hechos supuso un giro en la aplicación de la normativa que nos permite decir que, hasta hoy, la situación respecto a los cortes está bastante controlada. A pesar de las dificultades en la implementación, hay que decir que, como hicimos público en un informe presentado a finales de 2020, la Ley 24/2015 ha evitado un mínimo de 200.000 cortes de suministro de familias vulnerabilizadas desde su aprobación.
La gestión de las deudas
Otro tema en el que hemos trabajado mucho es en la gestión de la deuda que las compañías reclaman a las familias. Durante muchos años, hemos hecho multitud de acciones (campañas, concentraciones, ocupaciones de oficinas y sedes… ) para presionar a las empresas suministradoras y exigir la condonación de estas deudas y el establecimiento de los convenios previstos. El hecho es que la ley 24/15 establecía que la Generalitat y las empresas suministradoras debían ponerse de acuerdo para hacerse cargo del dinero que las familias no pueden pagar, pero no fue hasta el año 2020, cinco años después de la aprobación, que se firmó el primer convenio en este sentido. Este primer acuerdo, fruto en buena parte de la movilización en la calle, fue firmado por la Generalitat y Endesa -que es la principal suministradora en Cataluña- y fue un primer paso importante pero, por ahora, todavía no se ha firmado ninguno más y, por tanto, todavía presionamos a la administración para que se hagan efectivos.
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Funcionamiento y demandas
Cada quince días nos encontramos en la sede de la FAVB para hacer asesoramiento a las personas afectadas. Lo primero que hacemos es la bienvenida, un espacio que sirve para romper el hielo y espantar la vergüenza que a menudo carga la gente que se acerca a explicar sus dificultades. La inmensa mayoría de las personas que se acercan son mujeres migrantes y, de ellas, muchas forman familias monomarentales.
Nosotras no somos gestoras, lo que hacemos es dar las herramientas necesarias para que estas personas se empoderen. Ellas son las protagonistas y nosotras lo que procuramos es dar elementos y acompañarlas. En este proceso obtienen conocimientos sobre su situación y toman conciencia de sus derechos. A menudo, como el sentimiento de culpa es generalizado, hay que abordar el tema de la responsabilidad de las empresas y del hecho de que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas y las criminalizan.